En estos últimos tiempos hemos visto a la ciudadanía española mostrar una sensibilidad especial por la tan manida y desconocida libertad de expresión. Suena hasta extraño. Suele pasar en este país. Un punto focal hacia lo políticamente correcto y las RRSS se llenan de insultos y las calles de contenedores quemados... los saqueos indiscriminados ya si eso tal. Es el sino de estos últimos años (más bien desde que las RRSS influyen en el comportamiento borreguil de la sociedad). Esa sensibilidad especial ahora se ha puesto en el punto de mira, como siempre suele suceder, con el componente esencial de ignorancia que cabe esperar en toda reacción vandálica y violenta. Y digo ignorancia porque a tanta gente ilustre, con adoquines en mano y contenedores en llamas, se le llena la boca de libertad de expresión, pero parece desconocer de dónde sale ésta, por qué tenemos derecho a ella, y lo mas importante, dónde está el límite y nuestras obligaciones.
Qué tal recordar el artículo 20 de la Constitución (titulo 1: De los derechos y deberes fundamentales), 1: Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. (...) Y en su párrafo 4: Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
Entre estas bondades que nos otorga la Carta Magna queda por el camino lo que podría considerarse un sesgo de confirmación, es decir: lo que para unos podrá representar libertad de expresión para otros podrá suponer una flagrante incursión de acción punible: todo siempre según con qué ideología coincida lo expresado. El problema radica en que las delimitaciones ofrecidas por estos simples apartados de la Constitución ya ofrecen y arrojan luz suficiente como para saber y comprender que todo tiene un límite. Pero quizá, viendo lo que uno ve, y quedando patente que una mayoría de ciudadanos está flagrantemente anclada en la absoluta ignorancia, sería bueno delimitar con precisión dónde están los límites. Dicho de un modo más gráfico: no soportamos que los mandatarios de este pais nos traten como a niños, pero nos comportamos como tal porque no sabemos diferenciar el bien del mal.
Vaya por delante que me resultan repugnantes las letras y los tejemanejes del rapero por el que se ha desatado tanta animadversión hacia la Carta Magna y las instituciones del estado. Un individuo al que se le conoce mejor por sus tuits y el contenido delictivo de sus canciones que por su actividad artística (y que tiene ya a sus espaldas un largo historial delictivo por asuntos que quedan lejos de la libertad de expresión). Igual de repugnante que las declaraciones de una niña (con menos luces que un coche de caballos) que proclamaba el pasado 13 de febrero en el cementerio de la Almudena loas y proclamas fascistas y antisemitas, rodeada de simbología nazi, con misa incluida, en favor de la división azul. Declaraciones, dicho sea de paso, igualmente punibles y constiutivas de delito, diga la fiscalía mlo que diga (al final se irá de rositas porque, por desgracia, nunca se miden los delitos de odio con el mismo rasero). Ambos personajes me parecen que incumplen flagrantemente la legalidad vigente; obsoleta y deforme a mi modesto entender, todo hay que decirlo; y que debería ser revisada cuanto antes, porque es un castigo excesivo encerrar en la cárcel a personajes de esta calaña por declarar o expresarse libremente, mancillando con nitidez algo tan básico y fundamental como el "derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia". Reconozco, pues, que me parece desfasado el castigo de cárcel por semejantes acciones, que no significa que queden impunes.
Si echamos un vistazo a las redes sociales, la sociedad se ha instalado (y cuando digo la sociedad incluyo la política) en una suerte de populismo rancio y barato, nunca antes visto en nuestra democracia, donde todo redunda en la caza y captura del zasca más antológico, la búsqueda del tuit fácil y de titular pegadizo o rimbombante, sin opción a los matices; la búsqueda del titular cuya finalidad tiene como destino la humillación del contrarío, sin la búsqueda de una reivindicación de la democracia en ningún momento, y la activación constante del ventilador que esparce la basura al de enfrente: y tú más...
Lo que determina una democracia es precisamente la cantidad de matices por los cuales debemos regirnos y nos ofrece la libertad suficiente para delimitar la frontera; sobre todo el margen de mejora que alberga, dada la incesante evolución de las sociedades y la convivencia. En nuestra responsabilidad, como partes integrantes del grupo social al que pertenezcamos, está rechazar y condenar lo que no está dentro de esos límites. Si no nos gustan, es nuestra responsabilidad también, dentro de los cauces legales y pacíficos que nos otorga un estado de derecho, protestar mediante el derecho a huelga y votar opciones políticas para promover cambios en dichos límites o fronteras. En ningún caso, EN NINGUNO, repito: EN NINGUNO, cabe en una democracia que se precie el vandalismo, la promoción de la violencia, la lucha callejera de guerrillas o el saqueo. En pleno siglo XXI no estamos en disposición de tolerar democráticamente ninguna manifestación violenta, por mucho que supuestamente defiendan valores básicos democráticos. Es una contradicción flagrante. Apelar a las manifestaciones violentas es volver s reeditar viejos fracasos del siglo XX.
Dicho todo esto déjenme que haga una reflexión política que se haya en el fondo del asunto y que parece que nadie haya echado mano a ello. Porque en el fondo del asunto, como digo, hay intereses partidistas, como todo lo que se cuece dentro de los estallidos sociales en este siglo XXI, y sobre todo en la política de este país, y no de valores fundamentalmente democráticos.
Para el independentismo catalán, cuyos comicios se acaban de celebrar y que ha otorgado una mayoría en su parlamento, si bien apenas supone un tercio del total del electorado, aprovecha esta sensación de statu quo en las ciudades, en especial en Cataluña, para fomentar una imagen de inseguridad que provocan, según palabras textuales de algunos de sus dirigentes, las faltas de libertades y la flagrante represión del estado español. Hay un interés palpable en promover y proyectar internacionalmente estas sensaciones. Lo inquietante del asunto es que los responsables políticos que ahora defienden y amparan las revueltas incendiarias contra el encarcelamiento del rapero, estaban de acuerdo, hace ahora poco más de dos años, con el encarcelamiento contra aquel que opinaba en Twitter sobre el accidente del avión de la compalia Germanwings mofándose de las víctimas catalanas. Y hubo también quien se congratuló de que metieran en prisión al que amenazó de muerte a Puigdemont en Facebook. Claro está que la libertad de expresión siempre viene bien si la crítica va contra los demás y no contra los suyos...
Por otro bando está quienes luchan contra su propia incongruencia, la del querer y no poder. Quienes representan a las instituciones del estado no pueden estar defendiéndolas y legislando para el pueblo y a su vez azuzar y amparar en forma de apoyo a los que defienden la libertad de expresión incendiando contenedores, atentando contra las fuerzas de seguridad del estado, y asaltando la propiedad privada con el fin de saquear todo cuanto puedan (el colmo de la incongruencia del anticapitalismo: robar en las tiendas de marca para vestir los últimos modelos de las franquicias de moda). Nunca un demócrata que presuma que lo es defenderá, apoyará y reivindicará de ningún modo semejantes actuaciones. Si hay algo que cambiar, especialmente quienes están dentro de las instituciones, deben poner medios legales, amparados en la seguridad jurídica, para que alguien que diga memeces repugnantes en letras de canciones sea sancionado de manera ejemplar sin necesidad de entrar en prisión (a menos que sea reincidente, claro está, que es el caso del ínclito rapero). Teta y sopa no cabe en la boca...
El problema de fondo en todo esto es que el vicepresidente del gobierno ha venido perdiendo protagonismo desde que se aprobaron los presupuestos generales del estado, unido a una creciente pérdida de poder de macho alfa dentro del consejo de ministros. De ahí se derivan todas y cada una de sus salidas de tono en este último mes para acaparar protagonismo y ser el centro de atención: ante la creciente sangría de votos en los últimos comicios regionales y locales ha tomado como estrategia de campaña electoral (que durará toda la legislatura) acaparar titulares y polarizar aún más la política populista de este país. Y lo que se me antoja de grave atentado contra la libertad de expresión es que todo aquel que hace análisis crítico de sus actuaciones dentro o fuera del gobierno son señalados desde las redes sociales como el enemigo, servidores del poder económico que quieren derribarlos y a los que hay que boicotear. Un hábito más propio de alumnos de Goebles que de Marx.
Como resultado de todo esto se confunde en realidad el problema de fondo. Ni más ni menos que abordar los matices que entraña una libertad de expresión dentro de los limites de la convivencia pacifica entre todos los conciudadanos (todo sea por captar adeptos de un tuit). Una cosa es debatir sobre la conveniencia o no de delimitar ciertas manifestaciones amparadas en la libertad de expresión y otra muy distinta es el elogio a un bocachanclas reincidente y asocial, cuya carrera musical era conocida por sus padres a la hora de comer y, lo más peligroso, que personalidades políticas dentro de las instituciones lo vanaglorien, justifiquen la violencia e incluso se escondan tras el silencio al no condenar el vandalismo. Lo único cierto de todo este asunto es que comenzamos a pisar el terreno en el que mejor se desenvuelve la blanqueada ultraderecha fascista y sus arenas movedizas. Unos porque juguetean a serlo sin serlo y otros porque lo son y engañan al populacho vistiéndose de corderos. Y lo de que las «libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos» en la carta Magna, ya si eso tal... Les viene bien a todos que cada cual se agreda como mejor pueda. Total, qué más dan las víctimas del terrorismo que las víctimas del nacismo, los que valen son los likes de los tuits, sus discursos o sus letras de canciones... cueste lo que cueste, con tal de acaparar un puñado de votos más todo vale.
Y ojito si creemos que no hay nada que temer. Creíamos que era una obviedad defender el estado de derecho, la libertad de expresión y la democracia en general. Sin embargo, vemos que desde algunas fuerzas políticas, muy en especial la ultraderecha, amparan y protegen en sus discursos el desequilibrio institucional, las ideas inconstitucionales o las calumnias y mendacidades en general contra el ejecutivo, nos obligan a posicionarnos y defender cosas básicas y fundamentales en un estado de bienestar y de derecho, cosas como «democracia», «justicia» o «libertad». Los peligros están ahí. Y si alguna lección podemos aprender de el grotesco asalto al capitolio de los iuesei hace ahora un mes, es que ninguna democracia está exenta del peligro de ser abolida por un gobierno totalitario o incluso por un populacho alentado por la caspa militar de otros tiempos. Podemos perderlo todo, bien sea por un bigotudo con tricornio y pistola en mano, bien por un brote violento contra la libertad de expresión. Nunca se sabe cuándo se enciende la mecha, pero una vez encendida sí sabemos cómo acaba todo... La democracia hay que defenderla y mimarla SIEMPRE, día tras día, con respeto y consenso, cueste lo que cueste. Y créanme si les digo que señalar constantemente los defectos y olvidarnos de todas las virtudes que alberga una democracia invita a que venga un rancio a demolerlo todo.
© Daniel Moscugat, 2021.
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